La Plata: analizan los restos encontrados en el cementerio

Con la asistencia de peritos forenses, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15, María Cecilia Corfield, está comenzando en estas horas la tarea tan crucial como complicada de distinguir, en primer lugar, los restos que tienen trazabilidad de aquellos cuyas identidades se perdieron en medio del caos y la notoria incompetencia.

Aunque desde la fiscalía no se descarta la posibilidad de que haya habido delitos, el establecimiento de esta primera línea de trabajo se centra en el colapso y el mal manejo operativo de la necrópolis.

Con el objetivo de establecer una estrategia de trabajo, Corfield convocó el jueves pasado a especialistas del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Dirección de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad. En la reunión, donde se intercambiaron ideas sobre cómo abordar la situación, también estuvieron presentes el fiscal federal Hernán Schapiro, que investiga la desaparición de Jorge Julio López, y varios miembros de la Asociación Civil Miguel Bru, liderados por Rosa Schonfeld, la madre del estudiante de periodismo desaparecido desde 1993, quien solicitó a la Justicia una medida cautelar para permitir la comparación de una muestra de ADN de su hijo con la de los restos encontrados. Algo similar había pedido ante el fuero federal el abogado Alfredo Gascón en representación de la familia de López, cuyo paradero se desconoce desde noviembre de 2006. Sin embargo, estos peritajes parecen ser muy difíciles de llevar a cabo, ya que su realización choca con la falta de recursos, según advirtieron fuentes judiciales consultadas.

En la investigación del caso López aún está pendiente un peritaje, a cargo del Sifebu, sobre 66 cuerpos inhumados como NN en el cementerio platense, que fue ordenado por la Justicia hace más de un año y todavía no ha podido realizarse.

Varios de los presentes en la reunión encabezada por la fiscal, en la que también participaron representantes del municipio, expresaron su preocupación por la alarma y la angustia que el caso ha provocado en la población, especialmente en sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos, así como por la crudeza de las imágenes difundidas desde la intendencia y publicadas en los medios de comunicación. Por ello, Corfield, que ahora busca reducir al máximo el perfil que ha adquirido el tema en la prensa y las redes sociales, ha decidido limitar el acceso a los depósitos donde se encontraron los restos y restringir la información a los medios de comunicación.

La principal preocupación que genera el hallazgo en el cementerio de La Plata se centra en dos tipos de víctimas: aquellas que murieron como resultado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y aquellas que murieron como resultado de la inundación que azotó a la ciudad el 2 y 3 de abril de 2013. Aunque los testimonios de empleados y exfuncionarios coincidieron en descartar la posibilidad de que entre los cuerpos encontrados haya víctimas de esa tragedia, fuentes judiciales prefirieron no descartar ninguna hipótesis por el momento.

En estas horas, la fiscal pondrá a trabajar a sus colaboradores junto a grupos de expertos que comenzarán por intentar delimitar el campo de acción para poder definir una forma de trabajo que permita avanzar en la identificación y posterior inhumación de los restos, algo que urge a las autoridades municipales para tratar de normalizar la actividad del cementerio.

Al mismo tiempo que se lleva a cabo la primera delimitación de los restos que tienen identificación, se realizará un inventario que incluya todos los elementos encontrados, incluidos los ataúdes vacíos y otros elementos funerarios encontrados en los galpones. Este trabajo permitirá, por un lado, tener una idea precisa de la magnitud del hallazgo, pero también servirá para iniciar gestiones ante los tribunales correspondientes para la liberación en caso de restos que estén retenidos por alguna medida judicial.

El 20 de febrero pasado, la intendencia denunció que, como resultado de una auditoría interna, se habían encontrado 501 ataúdes, 22 de ellos de niños, y unas doscientas bolsas de nylon con restos en su mayoría no identificados. Pocas horas después, amplió la denuncia tras el descubrimiento de otros dos depósitos con bolsas en condiciones similares. Respecto a la cantidad del segundo hallazgo, existen dudas. Aunque inicialmente la Justicia había dejado trascender que el director había informado del hallazgo de unos 1000 cuerpos, horas más tarde la municipalidad informó en un comunicado que se trataba de "2000 bolsas con restos".