Intendentes en alerta por la suba de tarifas
Las y los jefes comunales del conurbano pusieron sobre la mesa la "preocupación" por la situación social en la región y reprocharon los aumentos de tarifas.
Redacción 
Luego de que las empresas prestadoras del servicio de electricidad en el conurbano, Edenor y Edesur, pidieran aumentos mensuales según inflación, los intendentes de la región encendieron las alarmas por el impacto que tendrá en los vecinos. El reclamo, además, lo llevaron ante Axel Kicillof con quien formaron la mesa permanente de monitoreo social.
En el marco de la audiencia pública para definir el aumento de las tarifas, Edenor calculó que el 80 por ciento del total de los clientes de esa empresa pagarían una factura de 7.619 pesos, siendo que ahora abonan 4.031, con un ajuste cercano al 90 por ciento.
En tanto, para el 10% de los usuarios de consumos altos, el promedio será de $33.771 y para el 10% restante, de mayores consumos, será de $68.425 en promedio.
"Desde Almirante Brown rechazamos la suba ya q muchos vecinos enfrentan la encrucijada de comprar alimentos o pagar los servicios y pedimos que Edesur haga más obras para mejorar el suministro", lanzó el intendente de ese distrito, Mariano Cascallares.
Del mismo modo se expresó la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, quien participó de la audiencia y expresó que “una suba de tarifas de tal magnitud como la que se está analizando tiene un impacto directo sobre los sectores de nuestra sociedad más golpeados por el modelo económico que está aplicando el gobierno de Javier Milei".
"Recibo gran cantidad de denuncias contra Edesur por interrupciones en el servicio, problemas en la facturación e incumplimiento al deber de información. Denuncias por parte de vecinos que al reclamar ante la empresa, no han obtenido respuestas y muchas veces no han sido tratados dignamente", agregó.
En ese mismo sentido se expresó el mandatario de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien enfatizó que "la eliminación de subsidios y el aumento indiscriminado de tarifas afectan a las y los más postergados, sectores medios, comercios, pymes y entidades de bien público".
"En colaboración con la UTN, presentamos 10 denuncias exponiendo el mal estado de 746 postes y cables que constituyen un riesgo para la seguridad pública. También señalamos la falta de inversiones de la empresa, destacando un terreno cedido en 2015 para la construcción de una subestación eléctrica que aún no se ha concretado, después de más de 8 años", añadió.
